Indígenas y periodistas de Ecuador rechazan regulaciones de Corte Constitucional

Sectores de indígenas y periodistas de Ecuador rechazaron el jueves regulaciones de la Corte Constitucional (CC) para casos tratados por la justicia aborigen, entre ellas que los medios de comunicación deban pedir autorización para divulgar información.

La decisión es "inmotivada y por lo tanto nula", expresó la Unión Nacional de Periodistas (UNP) en un comunicado.

Añadió que la disposición "es parte de la maliciosa estrategia de comunicación del actual gobierno que tiene como propósito controlar lo que difundan los medios de comunicación, limitar el trabajo de los periodistas y entregar verdades oficiales a los ciudadanos".

El presidente socialista Rafael Correa mantiene un duro enfrentamiento con un sector de la prensa, incluida la UNP, al cual tilda de "mentiroso" y de intentar desestabilizar su gobierno.

El miércoles, la CC indicó que "es obligación de todo medio de comunicación público, privado y comunitario que para la difusión de casos de justicia indígena (reconocida por la Constitución), previamente se obtenga autorización de las autoridades indígenas".

Dirigentes aborígenes sostienen que los medios se limitan a informar sobre los castigos físicos, como baños con agua helada y latigazos, que incluyen las sentencias dictadas dentro de las comunidades, sin detallar la idiosincrasia de las etnias para aplicar su propia justicia.

La CC además emitió un fallo sobre el caso de un asesinato en la comunidad indígena de La Cocha, en la provincia andina de Cotopaxi (sur), de mayo de 2010.

Cinco personas fueron sancionados según costumbres aborígenes y pasaron un año en prisión por orden de la justicia ordinaria, que los procesó penalmente. El caso llegó a la CC al darse un supuesto doble juzgamiento, lo que está prohibido por ley.

En ese suceso no se han vulnerado derechos constitucionales, las etnias están habilitadas a resolver los conflictos internos en sus territorios y la jurisdicción para sancionar atentados contra la vida de las personas es el derecho ordinario aún cuando los presuntos involucrados sean aborígenes, según la CC.

La resolución es una "grosera intromisión a la justicia indígena", declaró a su vez el presidente de la Ecuarunari (que agrupa a los nativos de la sierra andina), Carlos Pérez.

El dirigente y abogado dijo a un diario nacional que esa decisión vulnera convenios y declaraciones internacionales en el sentido de que las legislaciones deben respetar las costumbres, tradiciones, cosmovisiones y derecho indígenas.