25 sep 2018 , 09:37

Reanudan audiencia contra Correa por secuestro a Balda

Según defensa de Correa, jueza no tiene jurisdicción; para Balda orden salió de Ecuador.

Pasadas las 09H00 de este 25 de septiembre de 2018, en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia preparatoria de juicio por asociación ilícita y secuestro (plagio) al activista político Fernando Balda, proceso en el que acusan al expresidente Rafael Correa, como autor intelectual del intento de secuestro en 2012, en Colombia.

Previo a su instalación, Caupolicán Ochoa, abogado del exmandatario, señaló que la jueza Daniella Camacho no tiene jurisdicción en este caso, por ser un hecho ocurrido en Colombia. "Está presente un requisito de procedibilidad que la jueza dejó en suspenso para tratarlo ahora en la audiencia, sobre la autorización que debió dar la Asamblea Nacional para que se proceda con el enjuiciamiento, diciendo que como ya no era presidente no tenían que dar la autorización, olvidándose que fuero e inmunidad van juntos".

 

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Asimismo, insistió en la designación irregular del fiscal general encargado, Paúl Pérez, al no haber sido posesionado de acuerdo como establece la Constitución, es decir por la función Legislativa; "esto haría que ese acto sea ineficaz o inexistente". 

 

 

 

 

Pero Felipe Rodríguez, abogado de Balda, se refirió al argumento de Ochoa de que el delito habría sido cometido en Colombia. "Explicaremos cómo la ley ecuatoriana cuando habla del principio de territorialidad plantea siete excepciones".

Además, recalcó que no solo están acusados por el delito de secuestro, sino también por asociación ilícita, "y ese delito fue cometido en Ecuador". "Tengo al menos dos horas de respuestas para demostrar a Caupolicán Ochoa que el proceso es absolutamente válido", dijo Rodríguez.

 

 

Según Balda, se demostrará -asismimo- que "aunque la autoría material del secuestro fue en Colombia, las órdenes se dieron desde Carondelet y la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Se usó dinero del Estado ecuatoriano, policías de inteligencia ecuatoriana, viáticos y logística se proporcionó desde Ecuador, etc., por lo que la autoría intelectual fue en Ecuador".

Una vez instalada la diligencia, la defensa del acusado denunció a la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Sofía Espín, de haber intentado presionar a la exagente de Inteligencia, Diana Falcón, también procesada en este caso, para que cambie su versión.

 

 

Un grupo de ciudadanos ecuatorianos acuden en calidad de veedores, a esta diligencia. 

 

 

La realización de la audiencia ha sufrido varios retrasos. Tras varios intentos, debía instalarse el 18 de septiembre de 2018, pero debido a un recurso presentado a última hora por el fiscal encargado Pérez, la magistrada decidió postergarla para el 21 de septiembre. Ese día, la jueza de la Corte Nacional de Justicia rechazó la petición de Fiscalía sobre el "procedimiento abreviado" para los exagentes de Inteligencia, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, vinculados también en la denuncia de Balda.

La Fiscalía había pedido para ambos exagentes condenas de un año de cárcel cuando, según el Código Orgánico Integral Penal, la pena debía ser de al menos un tercio, en este caso de 24 meses.

 

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