18 jul 2018 , 02:54

Tres de los cinco del CNE cesados impugnarán decisión

Ana Marcela Paredes es la única consejera que anunció que se allanará a la resolución.

La actividad de este 18 de julio de 2018 en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se desarrolló con normalidad. Un día después de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio cesara de funciones a los cinco consejeros Nubia Villacís (presidenta), Ana Marcela Paredes, Paúl Salazar, Mauricio Tayupanta y Luz Haro, se conoció que al menos tres de los funcionarios removidos impugnarán la decisión del organismo evaluador. 

 

Tanto la presidenta cesada Nubia Villacís como el consejero Paúl Salazar cumplen agenda en Guayaquil, pero se conoció que ambos, junto con Luz Haro, apelarán a la decisión del transitorio.

 

Mientras que Mauricio Tayupanta analiza la resolución del Consejo, para luego pronunciarse.

 

Ana Marcela Paredes es la única de las consejeras que anunció que se allanará a la resolución del Consejo transitorio. Incluso, esta mañana recogió los libros que tenía en su oficina.

 

Los funcionarios fueron cesados por incumplimiento en la legitimidad del cargo, falta de probidad, conflicto de intereses y abuso de autoridad.

 

Este miércoles, representantes de la mesa de convergencia felicitaron al CPCCS por la decisión y dar su apoyo ciudadano a este tipo de gestiones.

 

Integrados por Efraín Siria, María Paula Romo, Boris Cornejo y Solanda Goyes, esta agrupación dijo tener varios nombres para proponer al Transitorio como reemplazos en el CNE.

 

María Paula Romo cree que esta decisión allanaría, además, el camino hacia el registro electoral del movimiento Ruptura 25 del cual formó parte. No obstante, señaló que más allá del cambio de autoridades en el organismo electoral, se debe revisar, por ejemplo, el sistema de asignación de escaños vigente.

 

En la Asamblea reposan el paquete de 46 reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia), que ingresaron en septiembre de 2017. El debate en la Asamblea Nacional inició en octubre de 2017, continuó en enero de 2018, pero quedaron en suspenso. Dichas reformas deben aprobarse un año antes de un proceso electoral.

 

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