Correa analiza si acude a comparecer por caso Balda

La jueza Daniella Camacho tratará el martes 3 de julio de 2018 el pedido de la defensa del expresidente Rafael Correa de revisar las medidas cautelares que dictó en contra del exmandatario, entre las que se encuentra el que el exgobernante acuda cada 15 días a Ecuador para presentarse ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ). 

 

 

 

 

En una entrevista con el medio español El Diario, Correa dijo que evalúa con sus abogados el acudir o no a la diligencia del 2 de julio de 2018 luego de que la jueza de la Corte, Daniella Camacho, resolvió que debe regresar a Ecuador cada 15 días una vez que quedó vinculado en el proceso judicial por el secuestro al exasambleísta Fernando Balda. 
 

 

 

“Tengo algunas cuestiones familiares, mi hija sufrió un accidente de tránsito grave. Estaba haciendo la pasantía en Ginebra, estudia en París. Yo no puedo dejar a mi familia en este momento”, indicó Correa en esa entrevista.
 

 

A criterio del expresidente, saben que resido en Bélgica y tratan de que no llegue a comparecer. Según Correa, llegarán a decir que incumplió la medida cautelar y dictarán orden de prisión. “Me quieren humillar a nivel internacional”, aseguró.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El exmandatario considera tras de todo hay una “persecución política” y que con ello lo quieren sacar del juego político.

 

 

“Correa sigue siendo un peligro para la sociedad ecuatoriana esté donde esté, se debió haberse dictado prisión preventiva y solicitado a la Interpol su ubicación y captura”, indicó Balda el 18 de junio de 2018 y agregó que respeta y acepta la decisión del fiscal y de la jueza. 
 

 

El 28 de junio de 2018, los militantes de la Revolución Ciudadana pidieron públicamente que Correa no acuda a la diligencia. 
 

 

Balda, exdiputado del Partido Sociedad Patriótica (PSP), sostiene que cuando estaba en Bogotá en 2012 cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, aunque la Policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el secuestro.  
 

 

El político fue expulsado de Colombia el 10 de octubre de 2012 por pedido de Quito, que adujo que el exlegislador estaba condenado a dos años de prisión por injurias contra el Gobierno de Correa, pena que debió cumplir en una cárcel ecuatoriana.
 

 

El exlegislador, quien se consideraba un perseguido político de Correa, presentó una demanda ante la justicia ecuatoriana en la que insiste en la participación del exmandatario en su presunto secuestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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