CNE tiene hasta el 3 de julio para presentar descargos

Los consejeros Nubia Villacís, Marcela Paredes, Paúl Salazar, Carlos Tayupanta y Luz Haro tiene hasta el 3 de julio de 2018 para presentar las pruebas de descargo dentro del proceso de evaluación a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio.

El organismo transitorio remitió el 27 de junio de 2018 a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) el informe técnico de investigación sobre su proceso. En esa documentación, se especifica que tienen un plazo de 4 días para presentar, por escrito, todos los elementos y documentos de descargo.

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Una vez vencido el plazo, el pleno del CPCCS transitorio convocará a una audiencia pública, cuya fecha está por definirse, en la que cada autoridad evaluada tendrá 30 minutos para exponer sus argumentos y posteriormente, de ser el caso, responder las preguntas de los consejeros transitorios.

El organismo anunció a inicios de abril de 2018 la evaluación a la Judicatura (este proceso ya se dio), al CNE, a la Superintendencia de Bancos y a la Fiscalía General del Estado.

Reacción de Nubia Villacís

La presidenta del CNE, Nubia Villacís, rechazó categóricamente la evaluación del Consejo transitorio. En un comunicado, la funcionaria dijo que "después de haber revisado el informe remitido por el Consejo transitorio, me preocupa de sobremanera, que la evaluación realizada a mi gestión, como autoridad del CNE, se haya llevado a cabo de una manera evidentemente subjetiva". 

Según Villacís, la entidad transitoria deslegitima la actuación del organismo que lidera y los resultados de los últimos procesos electorales, entre ellos los comicios seccionales 2014, las elecciones generales 2017 y el referéndum y la consulta popular 2018. "Entonces, me pregunto: ¿Las autoridades electas en dichos comicios también son ilegítimas?, ¿La designación del Consejo transitorio, que obedece al mandato popular expresado en la pregunta 3 del referéndum y consulta popular 2018, también lo es?, ¿Sus decisiones podrían ser consideradas “ilegales”?".  

Finalmente, cree que el cambio de las autoridades electorales debe realizarse "con base en los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley".