Analizan papel de Defensoría ante eliminación de Supercom

 

La entrega del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación por parte del Ejecutivo a la Asamblea este lunes 21 de mayo de 2018, ya genera reacciones. Entre ellas, en el sentido de que la Defensoría del Pueblo asuma ciertas funciones de la Superintendencia de Comunicación (Supercom) al eliminar este organismo, como propone la normativa planteada desde Carondelet.

 

A criterio del abogado Xavier Aguilar, las facultades corresponden a la Supercom. Hacer lo contrario, es “no respetar ni resguardar los derechos de los ciudadanos”.

 

“Al enviar una propuesta al Legislativo para reformar y dentro de esto pretenden eliminar la Superintendencia y asignarles las competencias a la Defensoría del Pueblo, yo creo que no porque las competencias están bien definidas. Yo creo que las competencias nacen de la propia Ley Orgánica de Comunicación, la cual les otorga facultades exclusivas y privativas a la Superintendencia de Comunicación”, aseveró.

 

Efraín Luna, director encargado de la carrera de Comunicación de la Universidad Católica de Guayaquil, no cree que algunas de las funciones de la Supercom deban pasar a la Defensoría. “Los organismos de comunicación deben estar relacionados a la comunicación”, expresó.

 

Luna recalca que no debería existir una Superintendencia de Comunicación. “Un ente de control no puede tener, sobre todo cómo estaba organizado, la Supercom realmente era un inconveniente, un problema. Si hay un organismo de control, debe tener otra composición”, dijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEA: Reforma a Ley de Comunicación elimina figura de linchamiento mediático

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Desde el punto de vista académico, creemos que no debería haber una Superintendencia, sobre todo relacionado con la comunicación, que haya un organismo que esté integrado no solamente por un ente gubernamental, sino también un ente gremial, donde puedan estar las universidades”, comentó. 

 

Según Aguilar, el Ejecutivo “quiere suprimir la razón de ser de la Ley Orgánica de Comunicación; es decir, el control. ¿Eliminando qué? La Superintendencia de Comunicación”.

 

El abogado Aguilar opina que las reformas enviadas “son restrictivas de derechos, no pueden ser aprobadas mediante reformas de la Asamblea Nacional. No puede ser derogada con una propuesta de reforma a la ley, tiene que ser, en mi concepto jurídico, mediante consulta”.

 

 

En cambio, Luna indica que “desde el punto de vista académico, creemos que es necesario que haya una reforma a la Ley de Comunicación, que de una u otra manera debe existir pues es parte de la Constitución de la República”.

 

Entre los cambios que propone el Ejecutivo también consta la eliminación de la figura de linchamiento mediático. Aguilar cree que en “la transferencia de competencias, la Defensoría del Pueblo no creo que asuma un nivel tan protagónico en conservar los derechos ciudadanos”. 

 

 

“El linchamiento mediático ha sido usado para evitar cualquier situación que de alguna manera dañe la imagen de un Gobierno o una autoridad. Ha hecho que evite a la prensa el seguimiento de noticias que requieren ese seguimiento. Si lo quitamos, será muy positivo para que la prensa pueda hacer investigaciones”, defendió el académico Luna. 

 

En cuanto a la comunicación como servicio público, el abogado considera que la normativa enviada “no cambia en nada porque la anterior ley, por norma constitucional, habla de que el servicio de comunicación tiene que ser un servicio público. Así lo dispone la Constitución”.

 

Diferente percepción tiene el director encargado de la carrera de Comunicación de la Universidad Católica de Guayaquil: “No debe ser un servicio público, debe ser un derecho”. “Si se sigue usando como servicio público, eso de alguna manera, hace daño, estaría yéndose en contra de disposiciones generales a nivel internacional. Los servicios públicos tienen otra connotación”, enfatizó. 

 

El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, presentó la mañana de este 21 de mayo de 2018 el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. El cuerpo legal consta de 80 artículos.