Fiscalía reformuló cargos en caso Emilia Benavides

Dentro del caso de la desaparición y muerte de la niña de Loja Emilia Benavides, la fiscal Bella Castillo reformuló cargos contra Manuel A. y Tania R. por el delito de femicidio, pornografía infantil, trata de personas y violación en concurso real de infracciones. 

 

 

El 20 de diciembre de 2017 se inició un proceso penal contra Manuel A. y Tania R. por los delitos de trata de personas, violación y asesinato.

 

 

 

La reformulación de cargos se basó en los nuevos elementos de convicción recabados por la fiscal en las investigaciones, entre ellos se puede mencionar que “la muerte de Emilia se produjo en el marco de una violencia de género, manifestada en la trata de personas, pornografía infantil y la violación sexual; además que la muerte se dio en una relación de poder”, explica el Ministerio Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEA: $20 mil ofrecían a detenidos por red de pornografía

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este, según la fiscal Castillo, es un caso que la doctrina denomina "femicidio no íntimo", que es cometido por un agresor desconocido; es decir, con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación; “en donde la muerte es consecuencia de una agresión sexual y más concretamente de la violencia de género”. 
 

 

Emilia Benavides desapareció al mediodía del viernes 15 de diciembre de 2017 al salir de su escuela, ubicada en el centro de Loja. Cuatro días después la niña fue encontrada sin vida.

 

 

 

Manuel A. y Tania R., según la Fiscalía, habrían participado en la desaparición y muerte de la menor de 9 años el 15 de diciembre de 2017.

 

 

La jueza Aura Janeth Pardo ratificó las medidas cautelares dictadas contra los procesados y de protección para la familia de la víctima. La instrucción fiscal se amplía por 30 días.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEA: Loja sepulta los restos de Emilia Benavides y pide justicia para su caso

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel A. y Tania R. permanecen en prisión en el Centro de Rehabilitación Social de El Turi, en Cuenca, y presenciaron la audiencia mediante video conferencia.
 

 

Según la Fiscalía, el objetivo es que los responsables sean sancionados con la pena máxima de 40 años.