Investigan por enriquecimiento ilícito a prefecto de Manabí

Han transcurrido casi dos meses desde que el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emitiera un informe en el que señaló que el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, su esposa, hijo y otros familiares son propietarios de empresas que han tenido contratos por el Estado por hasta 73 millones de dólares.

 

 

Ese informe fue remitido a la Contraloría y la Fiscalía para que se determine si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.

 

La Fiscalía provincial de Manabí, el lunes 9 de abril de 2018, lo notificó al prefecto... 

 

“Procedimos a iniciar la correspondiente investigación previa contra el señor prefecto para que sea investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito”, dijo Enrique García, fiscal provincial de Manabí.

 

 

 

 

 

La defensa del prefecto Zambrano sostiene que sus contratos con el Estado son legales.

 

“El ser socio de una compañía que tenga contratos con el Estado no es inhabilitante. La normativa jurídica habla de 3 supuestos: cuando eres personal natural, cuando eres representante legal o cuando eres apoderado judicial y ninguna de las tres condiciones se cumple en estos casos”, indicó Roosevelt Cedeño, abogado de Mariano Zambrano. 

 

 

 

Es más bien la Fiscalía, comenta el abogado, la que se está saltando la ley.

 

 

“En relación la tipo penal acusado, que es enriquecimiento ilícito, este es un tipo penal que requiere un requisito de procedibilidad; es decir, que tiene que un informe de la Contraloría General del Estado establecer si existe o no las presunciones de enriquecimiento ilícito”, señaló. 

 

 

Pero que la Fiscalía se está quedando corta, sostiene el dirigente político Francisco Bravo, al iniciar una indagación contra el prefecto de Manabí solo por enriquecimiento ilícito.

 

 

“Habla del delito de tráfico de influencia, testaferrismo, perjurio, lavado de activos, entre otros”, mencionó. 

 

 

 

 

El prefecto Mariano Zambrano cuenta que está tranquilo y también que es inocente: “Yo siempre he actuado de acuerdo a la ley y las empresas igual. Siempre he tenido claro que como prefecto yo no puedo contratar ni como persona natural ni como persona jurídica, pero el resto no hay ningún problema”. 

 

 

 

 

Recuerda que el Consejo de Participación Ciudadana sacó ese informe que inspira la indagación doce días después de la consulta popular, de haber sido cesados por una mayoría en las urnas.