10 ene 2018 , 05:42

Jueza sentencia a tres años de prisión al esposo de una exfuncionaria del IESS

Marcelo E. está procesado por el delito de enriquecimiento privado no justificado.




La jueza Paola Logroño dictó sentencia de 3 años de pena privativa de libertad contra Marcelo E. por el delito de enriquecimiento privado no justificado. También ordenó el pago de una multa de 10 salarios mínimos unificados y la reparación integral por un valor de USD 506.602,27.
 

La audiencia de juzgamiento inició el viernes 5 de enero de 2018 en el Complejo Judicial Norte de Quito y se reanudó la mañana del 10 de enero de 2018 con la presentación de pruebas por parte de la defensa de Marcelo E., esposo de María Sol L., exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), quien actualmente es procesada por el presunto delito de tráfico de influencias.
 

Entre las pruebas presentadas por la fiscal del caso, Ruth Amoroso, además de los testimonios de funcionarios de la Contraloría General del Estado y trabajadores de las empresas relacionadas con Marcelo E., destacó el informe pericial que revisó las cuentas y movimientos bancarios del implicado, su esposa y sus hijos. Asimismo, pericialmente se examinó la información contable y tributaria de la sociedad conyugal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La jueza de Garantías Penales señaló en su dictamen que, a pesar de que la actividad empresarial de Marcelo E. es lícita, las pruebas determinan que no existe justificación de más de medio millón de dólares en su incremento patrimonial, con relación a sus ingresos declarados durante 2015 y 2016.
 

Marcelo E. fue detenido el 3 de agosto de 2017 en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, cuando intentaba viajar a Estados Unidos junto con toda su familia.

 

En septiembre de 2017, por pedido de la Fiscalía, la jueza Ana Cristina Guerrón, dispuso la retención de las cuentas bancarias del procesado. La medida también incluyó a las cuentas de su esposa e hijos y la incautación de varios inmuebles.
 

Además, ordenó el pago de una multa de 10 salarios mínimos unificados y la reparación integral por un valor de USD 506.602,27.

 

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