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Listo el informe sobre reformas a la Ley legislativa para segundo debate

Redacción

tmenendez

|

Jueves 20 de Abril de 2017 - 13:14
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  • QUITO, Ecuador.- La norma, que plantea reformar 55 artículos, establece una escala de castigos. Foto: Archivo
La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional aprobó el 19 de abril de 2017 el informe para segundo debate de una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
 
La norma, que plantea reformar 55 artículos, establece una escala de castigos que pueden llegar, incluso, a la destitución del cargo en caso de reincidencia.
 
 
 
 
Una de las propuestas es sancionar a los legisladores que faltan a las diferentes actividades del parlamento, medida que se aplicaría gradualmente: multas de hasta el 60% de la remuneración mensual para quienes superen el 40% de inasistencias injustificadas durante un mes con base en el total de sesiones del pleno y comisiones; si reincide en un periodo de 6 meses se lo suspenderá de forma temporal, sin sueldo por 30 días; y, si repite por segunda vez, en un período de 6 meses, perderá la calidad de asambleísta.
 
También regula el proceso de instalación del pleno, del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y las comisiones. En caso de haber transcurrido 30 minutos de la hora prevista en la convocatoria, ante la inexistencia del quórum, la sesión se entenderá como no instalada; además se sancionará a los asambleístas que faltaron.
 
En la propuesta de reforma se elimina el vacío legal que existe cuando un legislador se encuentre privado de libertad. Se plantea que cuando se desarrolle un proceso penal, dentro del cual se haya ordenado como medida cautelar la privación de la libertad o se haya dictado sentencia condenatoria, el legislador será reemplazado por su suplente, una vez que se cuente con la notificación judicial. En ese período, el asambleísta principal no percibirá su salario, pero quien lo sustituya tendrá los derechos y deberes que la ley le otorga. En caso de sentencia condenatoria ejecutoriada, cesará en su cargo.
 
Esta reforma fue propuesta tras el caso de la legisladora Esperanza Galvánquien pese a haber permanecido en prisión durante más de un año y contar con sentencia ejecutoriada, seguía percibiendo su salario.
 
En fiscalización, se reducen de 15 a 10 días los plazos para la entrega de información solicitada por los asambleístas; estas solicitudes deben ser tramitadas a través de la presidencia de la Asamblea y se registrarán en la unidad respectiva.
 
La comisión de Participación Ciudadana aprobó el 18 de julio de 2016, con 7 votos a favor y 3 abstenciones, el informe con las reformas planteadas.
 
 
La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional aprobó el 19 de abril de 2017 el informe para segundo debate de una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
 
La norma, que plantea reformar 55 artículos, establece una escala de castigos que pueden llegar, incluso, a la destitución del cargo en caso de reincidencia.
 
 
 
 
Una de las propuestas es sancionar a los legisladores que faltan a las diferentes actividades del parlamento, medida que se aplicaría gradualmente: multas de hasta el 60% de la remuneración mensual para quienes superen el 40% de inasistencias injustificadas durante un mes con base en el total de sesiones del pleno y comisiones; si reincide en un periodo de 6 meses se lo suspenderá de forma temporal, sin sueldo por 30 días; y, si repite por segunda vez, en un período de 6 meses, perderá la calidad de asambleísta.
 
También regula el proceso de instalación del pleno, del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y las comisiones. En caso de haber transcurrido 30 minutos de la hora prevista en la convocatoria, ante la inexistencia del quórum, la sesión se entenderá como no instalada; además se sancionará a los asambleístas que faltaron.
 
En la propuesta de reforma se elimina el vacío legal que existe cuando un legislador se encuentre privado de libertad. Se plantea que cuando se desarrolle un proceso penal, dentro del cual se haya ordenado como medida cautelar la privación de la libertad o se haya dictado sentencia condenatoria, el legislador será reemplazado por su suplente, una vez que se cuente con la notificación judicial. En ese período, el asambleísta principal no percibirá su salario, pero quien lo sustituya tendrá los derechos y deberes que la ley le otorga. En caso de sentencia condenatoria ejecutoriada, cesará en su cargo.
 
Esta reforma fue propuesta tras el caso de la legisladora Esperanza Galvánquien pese a haber permanecido en prisión durante más de un año y contar con sentencia ejecutoriada, seguía percibiendo su salario.
 
En fiscalización, se reducen de 15 a 10 días los plazos para la entrega de información solicitada por los asambleístas; estas solicitudes deben ser tramitadas a través de la presidencia de la Asamblea y se registrarán en la unidad respectiva.
 
La comisión de Participación Ciudadana aprobó el 18 de julio de 2016, con 7 votos a favor y 3 abstenciones, el informe con las reformas planteadas.