Debate político se agita tras decreto de estado de excepción

Redacción

alaines

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Miércoles 18 de Noviembre de 2015 - 21:06
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Los movimientos sociales que anunciaron protestas contra las enmiendas constitucionales temen que el estado de excepción por el Fenómeno de El Niño -que decretó hoy el Gobierno- pueda ser usado para reprimir las manifestaciones. El partido de Gobierno, Alianza PAIS niega esta posibilidad. 
 
 
En líneas generales, el estado de excepción dispone que la totalidad de las fuerzas armadas y policía nacional para que bajo órdenes del Ministerio de Defensa y del Ministerio Coordinador de Seguridad utilicen todos los medios a su alcance para enfrentar la emergencia. Además permite al Ministerio de Finanzas disponer de todos los fondos públicos destinados a otro fines para enfrentar la emergencia, excluyendo los referidos a educación y salud, e indica la movilización nacional en todo el país.
 
 
Lourdes Tibán, asambleísta por el partido de oposición Pachakutik, que respalda las protestas, dice que le sorprende que previo a una movilización en contra del Gobierno se firme un estado de excepción.
 
“Sobre todo con la movilización de las Fuerzas Armadas, de ahí que es muy sospechoso”, aseveró la dirigente.
 
 
En respuesta a la aseveración de Tibán, el asambleísta de Alianza PAIS, Virigilio Hernández, aseguró que “Siempre son los sectores de la oposición que están buscando cucos (...) y actuando de mala fe”.
 
 
La Secretaría de Riesgos declaró el pasado 13 de noviembre alerta amarilla en las mismas 17 provincias sobre las que recae también el estado de excepción. Estas son provincias de la Costa, Sierra y Región Insular, excepto a Tungurahua, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
 
 
El estado de excepción tiene una vigencia de 60 días, es decir, se extendería hasta mediados de enero del 2016. En tanto, las movilizaciones -anunciadas por la oposición- iniciarían el 26 de noviembre y se extenderían para impedir la aprobación de las enmiendas prevista para la primera semana de diciembre. 
 
 
El abogado constitucionalista, Rafael Oyarte, explica que la constitución no menciona un estado de excepción preventivo.
 
 
“Sabemos que vamos a tener un Fenómeno de El Niño muy fuerte pero este no se ha manifestado en su efecto dañoso. Es decir, uno entendería que si todavía no se presentan esas consecuencias no habrían las razones por las cuales usted puede dictar un estado de excepción. ¿Dónde está la catástrofe natural, dónde está la conmoción interna, dónde está la calamidad pública”, se preguntó.
 
 
Sin embargo, reconoce que la movilización de recursos a través del Ministerio de Finanzas y la posibilidad de facilitar la contratación de obras puede ser una ventaja.
Fuente: Ecuavisa.com

Los movimientos sociales que anunciaron protestas contra las enmiendas constitucionales temen que el estado de excepción por el Fenómeno de El Niño -que decretó hoy el Gobierno- pueda ser usado para reprimir las manifestaciones. El partido de Gobierno, Alianza PAIS niega esta posibilidad. 

 

 

En líneas generales, el estado de excepción dispone que la totalidad de las fuerzas armadas y policía nacional para que bajo órdenes del Ministerio de Defensa y del Ministerio Coordinador de Seguridad utilicen todos los medios a su alcance para enfrentar la emergencia. Además permite al Ministerio de Finanzas disponer de todos los fondos públicos destinados a otro fines para enfrentar la emergencia, excluyendo los referidos a educación y salud, e indica la movilización nacional en todo el país.

 

 

Lourdes Tibán, asambleísta por el partido de oposición Pachakutik, que respalda las protestas, dice que le sorprende que previo a una movilización en contra del Gobierno se firme un estado de excepción.

 

“Sobre todo con la movilización de las Fuerzas Armadas, de ahí que es muy sospechoso”, aseveró la dirigente.

 

 

En respuesta a la aseveración de Tibán, el asambleísta de Alianza PAIS, Virigilio Hernández, aseguró que “Siempre son los sectores de la oposición que están buscando cucos (...) y actuando de mala fe”.

 

 

La Secretaría de Riesgos declaró el pasado 13 de noviembre alerta amarilla en las mismas 17 provincias sobre las que recae también el estado de excepción. Estas son provincias de la Costa, Sierra y Región Insular, excepto a Tungurahua, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

 

 

El estado de excepción tiene una vigencia de 60 días, es decir, se extendería hasta mediados de enero del 2016. En tanto, las movilizaciones -anunciadas por la oposición- iniciarían el 26 de noviembre y se extenderían para impedir la aprobación de las enmiendas prevista para la primera semana de diciembre. 

 

 

El abogado constitucionalista, Rafael Oyarte, explica que la constitución no menciona un estado de excepción preventivo.

 

 

“Sabemos que vamos a tener un Fenómeno de El Niño muy fuerte pero este no se ha manifestado en su efecto dañoso. Es decir, uno entendería que si todavía no se presentan esas consecuencias no habrían las razones por las cuales usted puede dictar un estado de excepción. ¿Dónde está la catástrofe natural, dónde está la conmoción interna, dónde está la calamidad pública”, se preguntó.

 

 

Sin embargo, reconoce que la movilización de recursos a través del Ministerio de Finanzas y la posibilidad de facilitar la contratación de obras puede ser una ventaja.