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63 uniformados fueron sentenciados por detener servicios públicos el 30-S

Redacción

jzapata

|

Miércoles 08 de Abril de 2015 - 20:05
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  • Esta instancia judicial además declaró la inocencia de ocho personas involucradas en este caso. Foto: Fiscalía
Esta instancia judicial además declaró la inocencia de ocho personas involucradas en este caso. Foto: Fiscalía

63 uniformados fueron sentenciados por detener... por ecuavisa

El Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha declaró culpables a 66 miembros de la Policía y de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), quienes el 30 de septiembre de 2010 se tomaron las instalaciones del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.
 
Esta instancia judicial además declaró la inocencia de ocho personas involucradas en este caso.
 
Luego de 19 días de audiencia, este miércoles en uno de los salones de la Corte Nacional de Justicia los jueces emitieron el pronunciamiento ante el rechazo de los abogados defensores. 
 
 
Patricio Armijos, abogado de 32 de los uniformados acusados, cuestionó la decisión de los jueces porque no determinaron la participación de cada uno de los implicados en el supuesto delito.
 
“Esta resolución del Tribunal Primero de Garantías Penales no es otra cosa que un monumento a la injusticia”, aseguró Armijos.
 
La audiencia fue reservada y según Aurelio Garófalo, quien defiende a siete uniformados, los jueces anunciaron su decisión sin haber considerado las pruebas presentadas por la defensa.
 
“En este momento no han motivado la sentencia, sólo la han dicho sin determinar de autores cómplices ni encubridoees ni la figura delictual cometida”, indicó el abogado
 
Garófalo aclaró que sus defendidos no están dispuestos a pedir el indulto. “Es imposible pedir un indulto porque simplemente no han cometido delito alguno, ellos tienen que seguir defendiéndose para poder ratificar la inocencia”.
 
El Tribunal notificará la sentencia en los próximos días, y según el Código Penal anterior, con el que se inició el juicio, los procesados podrían ser sentenciados a penas de entre ocho y doce años de cárcel. Pero estas podrían reducirse a un máximo de tres años, si los jueces aplican el nuevo código penal para imponer las sanciones.

63 uniformados fueron sentenciados por detener... por ecuavisa

El Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha declaró culpables a 66 miembros de la Policía y de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), quienes el 30 de septiembre de 2010 se tomaron las instalaciones del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

 

Esta instancia judicial además declaró la inocencia de ocho personas involucradas en este caso.

 

Luego de 19 días de audiencia, este miércoles en uno de los salones de la Corte Nacional de Justicia los jueces emitieron el pronunciamiento ante el rechazo de los abogados defensores. 

 

Lee también: POLICÍA SALE DE LA CÁRCEL TRAS INDULTO DEL PRESIDENTE CORREA

 

Patricio Armijos, abogado de 32 de los uniformados acusados, cuestionó la decisión de los jueces porque no determinaron la participación de cada uno de los implicados en el supuesto delito.

 

“Esta resolución del Tribunal Primero de Garantías Penales no es otra cosa que un monumento a la injusticia”, aseguró Armijos.

 

La audiencia fue reservada y según Aurelio Garófalo, quien defiende a siete uniformados, los jueces anunciaron su decisión sin haber considerado las pruebas presentadas por la defensa.

 

“En este momento no han motivado la sentencia, sólo la han dicho sin determinar de autores cómplices ni encubridoees ni la figura delictual cometida”, indicó el abogado

 

Garófalo aclaró que sus defendidos no están dispuestos a pedir el indulto. “Es imposible pedir un indulto porque simplemente no han cometido delito alguno, ellos tienen que seguir defendiéndose para poder ratificar la inocencia”.

 

El Tribunal notificará la sentencia en los próximos días, y según el Código Penal anterior, con el que se inició el juicio, los procesados podrían ser sentenciados a penas de entre ocho y doce años de cárcel. Pero estas podrían reducirse a un máximo de tres años, si los jueces aplican el nuevo código penal para imponer las sanciones.

 

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