25 may 2015 , 10:21

Rivadeneira dejó clara la diferencia entre ser asambleísta y militante de AP

25 de mayo de 2015. La presidenta de la Asamblea habló de una mayor participación de la mu

El 24 de mayo de 2013 se instaló una nueva Asamblea Nacional con mayoría absoluta de Alianza País (AP) gracias al método de hontd. Se empezó a aprobar al galope, incluyendo párrafos nunca debatidos, proyectos polémicos como el de la Ley de Comunicación, pero las asambleístas de AP daban muestras al menos en los temas de las mujeres como el aborto de tener un criterio propio, como es el caso de la legisladora Paola Pabón. ¿Cuál es el límite entre la rebeldía y la coordinación, entre la autonomía y la sumisión? Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, lo explicó durante su entrevista en el programa Contacto Directo:

Este proyecto ha sido absolutamente rebelde, irreverente, en donde los jóvenes, las mujeres, las amas de casa, los trabajadores participamos de manera directa, planteando nuestro destino, una hoja ruta de camino, y aquí hay que ser absolutamente claros, el Estado es único, y yo lo mencionaba ayer en mi intervención del 24 de mayo, al ser un estado único, todos los que estamos en este Estado, y principalmente la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas que votaron por un proyecto político para ese Estado ecuatoriano, debemos comprender que las diferentes funciones del Estado por supuesto que tienen su autonomía porque tienen sus competencias y funciones absolutamente claras y determinadas por la Constitución del Ecuador. Pero eso no quita, como en el pasado y en el antiguo Congreso en el que pasaban con pugnas, prácticamente todo el tiempo cuestionando la tarea de las demás funciones del Estado y eso lo que produjo en el pasado fue un retraso en el pueblo ecuatoriano. Ahora lo que hemos marcado por la Constitución, por el Plan Nacional del Buen Vivir, es que cada institución, cada función podamos remar y aportar a un solo camino que es la transformación del país, pero sobre todo cambiar un sistema absolutamente excluyente, que era dejar ver y dejar hacer, porque la gente no tenía ninguna esperanza para participar, hablar, expresarse libremente. Hoy gracias a esa expresión popular, gracias a esa construcción permanente de poder popular, lo que hacemos en las funciones del Estado es obedecer, asumir esos roles que la población nos ha dado y cumplir a cabalidad nuestras funciones para cambiar ese sistema excluyente a un sistema de socialismo del buen vivir.

 

 

Equidad de género se consolida en áreas legislativas, según informe

 

 

¿Hay equilibrio en las relaciones de la Asamblea con AP o AP ha suplantado a la voluntad popular al sancionar asambleístas y proponer reformas constitucionales sin el referendo popular?

La comisión de ética de AP ha emitido varias sanciones por diferentes causas, a muchos de los militantes, pero aquí hay que dividir, por favor politizar y polemizar frente a un tema tan sensible de la sociedad ecuatoriana, dónde está el reconocimiento también que conjuntamente con las organizaciones de mujeres y las organizaciones femenistas de nuestro país hemos avanzado hacia una legislación que ahora ponga acción positiva a la participación de la mujer, a que ahora hayamos aprobado desde Montecristi y hemos seguido alimentando esa Constitución con acciones de paridad y alternabilidad obligatoria, por eso ahora las mujeres somos parte de la toma de decisiones del Estado. Pero qué pasó y dónde está el debate, el reconocimiento también que hicimos en el Código Orgánico Integral Penal cuando tipificamos por primera vez, actualizando una norma obsoleta de hace 80 años, el femicidio. Ahora la justicia ecuatoriana ha tenido experiencias en juzgar femicidios para proteger la vida de la mujer, pero además toda la política pública implementada para el tema de la protección frente a la sexualidad, adolescentes, planificación familiar, justamente para mejorar la vida de esas mujeres.

 

En noviembre 10 de 2012, cuando se proclamaron las candidaturas de asambleístas para las elecciones de febrero 2013, los candidatos juraron lealtad al código de ética de AP, el artículo 9 de ese código textualmente dice: el incumplimiento de este código de ética por parte de cualquiera de los asambleístas, faculta a la dirección nacional del movimiento País a revocar el respectivo mandato. Pero el artículo 127 de la Constitución ordena que  los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones, y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes. ¿No suplanta el código de ética la voluntad popular y el mandato del artículo 127 de la Constitución? 

No tiene nada que ver lo uno con lo otro, lo uno es la Constitución y la Ley orgánica de la función legislativa a la que nos regimos como Asamblea Nacional, como institución. Pero esa institución tiene dentro de sus miembros representantes de partidos y movimientos políticos. Nosotros decíamos en alguna ocasión que ojalá todos los partidos tuvieran un código de ética que riga por sobre la militancia que representamos. En eso soy absolutamente clara, nuestros cargos son coyunturales, pero sobre todo está la militancia y como militantes, cuando asumimos ser candidatos para asambleísta de AP nosotros firmamos un código de ética.

 

 

Asambleístas sancionadas en PAIS aceptan su inhabilitación

 

 

Adicionalmente, el artículo 166 de la Ley orgánica de la función legislativa autoriza al CAL imponer la sanción de suspensión temporal en el ejercicio del cargo por 30 días a los asambleístas, pero a Paola Pabón, Gina Godoy y Soledad Buendía no las sancionó el CAL sino la comisión de ética de AP, presidida por Carlos Marx Carrasco que no es elegido por el pueblo, y además les prohibió "no exponerse ante la opinión pública", es decir no ejercer la garantía constitucional de la libertad de expresión, ¿Es eso democrático, no es desde ahí que se implantó lo que Marcela Aguiñaga llama la sumisión?

Insisto, se está confundiendo lo uno con lo otro, una cosa es la institucionalidad y otra las sanciones disciplinarias en base a un código de ética que tenemos como movimiento político al cual nos debemos, eso no podemos pasar por alto. Si bien es cierto el movimiento ha fortalecido nuestra militancia, nuestra organización social, política, en esa organización también tenemos responsabilidades. Insisto, nuestro código de ética rige por sobre quienes somos militantes, no tiene nada que ver y dista muchísimo a las leyes y normativas que rigen sobre una institución y función del Estado, como es la tarea legislativa.

 

Con relación a lo que dijo la compañera Marcela Aguiñaga, lo que ella hizo fue ironizar sobre un hecho que han tratado de alterar la participación de la mujer al frente del poder legislativo. Aquí muchos medios de comunicación y mucha gente malinterpretó lo que mi compañera mencionó en esa ocasión, y yo me uno a ironizar porque muchos medios de comunicación creen que la participación de la mujer es menor a la participación que tenían en el antiguo Congreso.

 

Vea la entrevista completa en el video adjunto a la nota

 

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