Oposición y ala correísta chocan sobre la pregunta 3 de la consulta popular

El Pleno de la Asamblea Nacional inició el debate del proyecto de resolución sobre la pregunta No. 3 de la consulta popular, referente a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de iniciativa del asambleísta Pabel Muñoz.

Los parlamentarios de las diferentes bancadas legislativas centraron su debate en señalar que el pueblo tiene derecho a expresar su opinión a través de la consulta popular, la capacidad fiscalizadora que tiene la Asamblea Nacional y la pretensión de otorgar a un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio esta facultad.

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El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Bergmann, en la dirección del Pleno, luego de la intervención de 15 legisladores, suspendió la sesión.

El asambleísta Pabel Muñoz enfatizó que el proyecto, de su autoría, no se opone al derecho que tiene el pueblo de expresar su criterio en las urnas, sino que está orientado a que la Corte Constitucional vele y cuide la constitucionalidad de las preguntas, en lo relacionado con el proceso de transición de este órgano de control para que no se arroguen competencias, explica la Asamblea Nacional en un comunicado. 

Muñoz dice que “existen tres elementos que deben ser tomados en cuenta y que nos unen como ciudadanos: la consulta popular como mecanismo de expresión del pueblo, las críticas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por no cumplir la tarea encomendada en la Constitución, y el respeto pleno de competencias y responsabilidades de cada función del Estado”.

En el debate, la legisladora Verónica Arias indicó que la instauración de un consejo transitorio, integrado por ternas del Ejecutivo, con atribuciones no establecidas en la Constitución, en lo que tiene que ver con la fiscalización, atenta al derecho que tiene la Asamblea Nacional en esta materia.

Por su parte, la asambleísta Soledad Buendía aclaró que nadie está en contra de la consulta popular como mecanismo de expresión del pueblo, pero que no está de acuerdo con el contenido de la pregunta en razón de que afectaría la estructura del Estado porque se crearía un consejo transitorio con funciones ilegítimas, pues se le pretende dar facultades que le competen a la Asamblea.

Gabriela Rivadeneira advirtió que la pregunta 3 contradice expresas normas constitucionales relativas a la división de funciones. “Es nuestro deber vigilar el cumplimiento de la Constitución”, agregó.

Algunos parlamentarios consideraron que preguntar al pueblo sobre la pregunta 3 de la consulta popular no irrespeta a la estructura del Estado. Precisaron que la ciudadanía sabrá decidir sobre el futuro de la nación y que no se puede privar al pueblo de su derecho a pronunciarse en la consulta popular planteada por el Ejecutivo, más aún cuando es un mecanismo y derecho establecido en la Constitución de la República, indica el portal del organismo legislativo.